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Viernes, 29 de Marzo de 2024

Gendarmería protegerá intereses empresariales: organizaciones

Fundar, Equipo Pueblo y la Alianza Mexicana contra el Fracking cuestionaron que puede ser usada contra manifestantes.
Martes, 21 de Octubre de 2014 15:43
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Comunicado

Huauchinango, Pue.- La nueva Gendarmería, creada el pasado 22 de agosto por decreto presidencial, debe proteger los derechos de las personas y no los intereses empresariales, exigieron diversas organizaciones sociales como el centro de análisis e investigación Fundar, el Equipo Pueblo y la Alianza Mexicana contra el Fracking.

La Gendarmería, señalaron, tendrá la facultad de actuar en cualquier caso que los empresarios supongan una amenaza a sus intereses, “incluyendo la represión de cualquier expresión de legítima oposición social”, pues no es casual que haya sido creada a unos días de haberse promulgado las leyes secundarias de la reforma energética.

Ante las declaraciones del secretario de Hacienda Luis Videgaray respecto a que la corporación castrense será activada contra “actores que atenten contra los ciclos productivos o las fuentes de ingresos”, los organismos consideraron que son una señal de alarma que indica que será puesta a disposición de las empresas privadas para proteger las inversiones en materia energética.

Explicaron que lo que se pretende es criminalizar a quienes defienden las tierras, los territorios, los recursos naturales, sus propias vidas y las de sus comunidades, para garantizar “el acceso preferente de las empresas petroleras a los territorios a través de figuras de renta obligatoria, como la servidumbre legal” para instrumentar, entre otros, proyectos que prevén el uso de técnicas de extracción de los hidrocarburos con fuertes impactos socioambientales, como la fracturación hidráulica (fracking).

Por ello, consideraron, el estado mexicano debe reorientar su política de seguridad hacia la protección de los derechos de la ciudadanía que decida ejercer la libre expresión y la protesta contra proyectos que atentan contra sus derechos. 

Las organizaciones propusieron la profesionalización de las fuerzas de seguridad en derechos humanos; la atención a las víctimas y reforzamiento de los mecanismos para prevenir violaciones a los derechos fundamentales; así como la toma de medidas en favor de sectores de la población que se encuentran en mayores condiciones de desventaja y riesgo, como el caso de la población indígena y las mujeres.

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