Sin aviso previo, cierran oficinas del MP en la sierra norte de Puebla

Huauchinango, Pue.- Sin dar una explicación oficial, sin colocar por lo menos un cartel informativo, fueron cerradas las Agencias del Ministerio Público de los distritos judiciales de Huauchinango y Xicotepec y la oficina ubicada en Villa Lázaro Cárdenas en Venustiano Carranza, encargadas de investigar los delitos en 16 municipios de la Sierra Norte.

Durante el fin de semana pasado el personal habría recibido indicaciones de empacar expedientes y mobiliario y este lunes las puertas de la dependencia permanecieron cerradas al público que buscaba obtener los servicios de procuración de justicia a que está obligado el Estado.

También permanecen cerradas las oficinas de las bases de operaciones de la policía ministerial tanto la destacamentada en Huauchinango, como la Regional, pero no hay ninguna explicación al respecto.

Algunos escribientes indicaron que hasta el momento desconocen a dónde serán trasladados, pero se rumora que algunas oficinas serán concentradas en la ciudad de Zacatlán y otras diligencias deberán ser realizadas en la capital poblana.

Empero, ante la falta de un pronunciamiento oficial se rumora que lo que se pretende es que los ayuntamientos se hagan cargo de pagar la renta de las oficinas y el salario del personal al servicio de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), pero esta versión no ha podido ser confirmada.

La medida ha causado, primero sorpresa y luego indignación entre los pobladores y abogados que aseguran que se trata de un acto “carente de sentido común y que afectará a los serranos que vivimos en una región donde ha prevalecido la impunidad. Si así el servicio era deficiente, imagínense ahora que además tendremos que trasladarnos”, dijeron.

Un estudio realizado el año pasado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., hecho en 212 municipios del país con más de 100 mil habitantes, ubica a Huauchinango en el lugar 91, mientras que es el quinto de los ocho con mayor violencia en el estado de Puebla.

Para catalogarlos de esta manera, el Consejo Ciudadano tomó en consideración el alto índice de homicidios, secuestros, violaciones, extorsiones, robos con violencia y lesiones dolosas, registrados entre  febrero de 2012 y el mismo mes de 2013.

Por si no fuera suficiente, en un año –abril de 2012 a abril de 2013-, se produjeron seis brutales asesinatos de mujeres, lo que puso a Huauchinango como uno de los tres municipios de la entidad con mayor número de crímenes de género que permanecen, en su mayoría, en la impunidad.

Impactos en la población

Sobre el impacto que el cierre de estas oficinas causará en la Seguridad Pública Municipal, el secretario del ramo en Huauchinango, José Ramón Herrera Zacatenco, aseguró que tendrá implicaciones “no sólo económicas que tienen que ver con el traslado de los detenidos, sino administrativas y de coordinación de operaciones contra la delincuencia”.

“Aún estamos esperando una versión oficial, porque desconocemos las razones para hacer estos cambios”, indicó.

Ante las críticas a la decisión que no se hicieron esperar en las redes sociales, el presidente municipal Gabriel Alvarado Lorenzo escribió en su cuenta de Facebook: “Ante la decisión del Gobierno del Estado, de cambiar de sede la Agencia del Ministerio Público, reitero mi disposición de apoyar en lo necesario para conservar los servicios de esta Dependencia en Huauchinango”.

Mientras, la ciudadanía sigue manifestando su indignación con comentarios como el escrito por Patricia Muñoz: “De verdad necesitamos su apoyo, las condiciones económicas de la región no permiten que estemos haciendo todos nuestros trámites en Zacatlán o en Puebla como es el caso ahorita, reitero, se llevan fuentes de empleo, y encima obstaculizan trámites y generan muchos gastos y pérdidas de tiempo. Licenciado Gabriel urge que actúe y nos regresen las oficinas de Ministerio Público, de Finanzas y hasta el Verificentro. No es posible que sigamos así”.

Por su parte, el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Huauchinango, Fernando González Prior, convocó a una reunión a sus agremiados “con el ánimo de salvaguardar nuestros derechos y principalmente de nuestros clientes y ciudadanía… con  el objeto de tomar decisiones y solicitar una reunión con el procurador del estado, con el gobernador o en su caso con el secretario de Gobernación Federal”.

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